En el profundo
conflicto político que se está desarrollando en Cataluña, es evidente que los
independentistas han traspasado todas las barreras de la racionalidad y
legalidad democrática. Y es comprensible la batería de medidas legales que ha
puesto en marcha el gobierno de España, para intentar impedir el referéndum.
Como también parece lógica la posición de los principales partidos de ámbito estatal.
El problema es que llegan muy tarde y tras una miopía política importante.
Desde que el Tribunal
Constitucional, en un alarde de ceguera e irresponsabilidad, declaró
inconstitucionales algunos de los artículos claves del Estatut, impugnados, no lo
olvidemos, por el PP, eran previsibles los hechos que después se han ido
sucediendo, que para simplificar se ha denominado “el proces”.
¿Que hicieron en esos
largos años los gobiernos, primero del PSOE y después del PP? NADA. Entre otras
cosas porque se creían que el sentimiento nacionalista era minoritario y que
las cosas terminarían por quedar en agua de borrajas. Hubo quien dijo que “el soufflé
independentista terminaría por desinflarse”. Ni siquiera las cada vez más
multitudinarias manifestaciones con motivo de la Diada, les hicieron
recapacitar.
El gobierno del PP
desde diciembre del 2011 no ha tenido ni un solo gesto de negociación política,
aferrado a declaraciones genéricas sobre la unidad de España. No vieron cómo su
cerrazón política estaba incluso aniquilando a los sectores moderados del
nacionalismo, cómo se estaba produciendo una gravísima crisis en el seno del
Partido de los Socialistas Catalanes, indispensable para reconducir la situación,
cómo los sindicatos de clase en Cataluña no se sumaban a esa actitud de no
dialogo o como la gente federalista de Catalunya Si que es pot, (como el
diputado Joan Coscubiela, no en balde antiguo dirigente del PSUC y de las
Comisiones Obreras de Cataluña) se quedaba sola en el alambre.
Confundieron negociar
con ceder a las pretensiones nacionalistas, no contestaron a las primeras
propuestas del gobierno de la Generalitat, no se molestaron en estar presentes
en Cataluña para abrir un debate sereno sobre el encaje de Cataluña en España,
hicieron oídos sordos a las razonables advertencias del Lendakari Urkullu,
montaron burdas operaciones para desprestigiar a políticos nacionalistas,
creyeron que con explotar en los medios de comunicación los vergonzosos escándalos
de corrupción de CIU y de Jordi Pujol, el nacionalismo quedaría inhabilitado
para seguir protagonizando el proces, han amenazado con retirada de fondos públicos...
Negociar no es ceder,
negociar es utilizar la política y no a los jueces o la policía para resolver
problemas muy complejos. No ha habido el menor intento de profundizar en la
posibilidad de una nueva reinterpretación de la Constitución de 1978 en clave
federal. El PSOE, inmerso en su crisis de identidad no ha sido capaz de
concretar su propuesta de Estado Federal contenida en la Declaración de Granada,
no se ha preocupado por abrir una negociación paralela con los nacionalistas y
ha tardado 5 años en promover una Comisión parlamentaria para estudiar ese
rediseño de España. Peor aún, las fuerzas que no comparten el independentismo han
sido incapaces en 6 años de promover y articular una movilización social,
amplia, diversa y plural, moderada y dialogante, en los pueblos y ciudades de
Cataluña, dejando abandonada a la numerosa ciudadanía no independentista.
No comparto en absoluto
ni los objetivos ni las practicas del nacionalismo catalán, creo que a quien más
daño está haciendo es a la izquierda, a los trabajadores y clases populares, al
sindicalismo, ya que en medio de la más feroz crisis económica ha situado en el
centro de atención pública la cuestión de la independencia catalana, relegando al fondo
del armario los graves problemas de las políticas neoliberales y del
crecimiento de la desigualdad, empezando por la propia Cataluña. El
nacionalismo es letal para las ideas y objetivos del progreso social y la
solidaridad.
Pero dicho esto no
podemos cerrar los ojos a la realidad de que en torno a la mitad de la ciudadanía
les vota y tres cuartas partes quieren celebrar un referéndum. Podemos caer en
el espejismo de que sus partidarios lo son en base a mentiras, a engaños, a
demagogia, a populismos…Vale, todo lo que queramos, pero el voto de un
independentista tiene el mismo valor que el de un autonomista o federalista (y viceversa, claro).
En julio escribí un
post de mis impresiones de un viaje por Girona y Lleida y la abrumadora
presencia del independentismo en la vida urbana. Supongo que los servicios de información
del Gobierno de Rajoy habrán ido dejando constancia del crecimiento abrumador
de la marea independentista, y lo habrán constatado los Delegados y
Subdelegados del Gobierno, a poco que hayan salido a la calle caminando e
incluso en su coche oficial.
No sé cómo terminará el
desafío del 1 de octubre. Si en el último momento el gobierno de Puigdemont optara
por la sensatez o si seguirán embarcados en la obstinación. Ni tampoco podemos
saber hoy hasta donde va a llegar la actitud del PP, alentado por tantos
analistas irresponsables que solo saben echar más leña al fuego. En definitiva,
no sabemos si se hará y cómo se hará.
No soy optimista, menos aun cuando unos y
otros están argumentando que estamos ante un golpe de estado. Pero pase lo que
pase, el 2 de octubre seguirá habiendo en torno a 2 millones de catalanes que
se identifican con la independencia y más de 3 millones que en cualquier caso
defienden su derecho a decidir. Y alguna propuesta habrá que hacerles.
