La Ley de Atención a la Dependencia no ha tenido suerte. Nació a trancas y barrancas, por el empeño de los sindicatos de clase y muy en especial CCOO, por el apoyo de los grupos de la izquierda parlamentaria IU-ICV y ERC, por el interés de una parte del PSOE, en concreto de algunas de sus diputadas, de responsables del IMSERSO y del respaldo de algunos de los expertos mas prestigiados en políticas sociales. El gobierno en aquel momento, con una escasísima visión de futuro, presionado por los gobiernos autonómicos, los nacionalistas y la CEOE se negó en rotundo a admitir que la atención a la dependencia se incluyera en el marco normativo y financiero de la Seguridad Social, aunque fuera gestionado por las Comunidades Autónomas; si se hubiera admitido esa inclusión nos hubiéramos evitado la mayoría de los problemas que vinieron después.
La ley, que fue rimbombantemente presentada por el gobierno Zapatero como el cuarto pilar del Estado de Bienestar Social, cuando era solo una parte especifica de los Servicios Sociales, nació en el 2007 con muy escasa financiación publica, tanto por parte de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas. Aunque se amplio algo en los años 2008 y 2009, la crisis económica freno en seco su desarrollo y un primer tijeretazo en mayo del 2010 afecto duramente a la aplicación de la ley, dando facilidades a las Comunidades Autónomas para la demora en el pago de los atrasos que debían a cientos de miles de beneficiarios. En el 2011 se redujo la financiación del Estado y en el 2012 el nuevo gobierno del PP ha decidido, como una de sus primeras medidas, el retraso en la aplicación del derecho a las personas con dependencia moderada.
Por si fuera poco, la ley esta teniendo una aplicación absolutamente deformada. La intención de la misma era poner a disposición de las personas dependientes y de sus familias una red de servicios de atención profesionalizados, especializados y de calidad y solo “excepcionalmente” reconocer prestaciones económicas para cuidadores en el ámbito familiar. La “excepción” se ha convertido en la norma, más del 52% de las prestaciones reconocidas son económicas y menos del 48% son servicios. Los gobiernos autonómicos justifican esta gravísima adulteración de la ley en que las familias prefieren la prestación económica a la prestación de un servicio. Es cierto que muchas familias, agobiadas por la crisis y el paro, optan por la prestación económica, aunque sea a costa de una deficiente atención a la persona dependiente y de mantener a las mujeres cuidando en casa. Pero eso no es lo que se pretendía con la ley, que además de una atención de calidad buscaba liberar a cientos de miles de mujeres de la obligación de dedicarse a cuidar a sus familiares dependientes y de paso crear varios cientos de miles de puestos de trabajo. Pero los gobiernos autonómicos, todos sin distinción, lo tienen muy claro: una prestación económica puede suponer entre un 50% y un 70% más barata que un servicio social profesionalizado.
El retraso que ahora ha aprobado Rajoy puede afectar como poco a 300.000 personas y a sus familias. Y para evitar equívocos, una dependencia “moderada” se define en la ley como “cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida cotidiana al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal”. Es decir no estamos hablando de personas con algunas dificultades de visión, de oído, o para moverse o de memoria. NO, estamos hablando de personas que TODOS los días necesitan ayuda para su vida cotidiana. Tendrán que aguantarse y esperar hasta el 2013 o hasta el 2014.
Lo que a mi me sorprende es que ante este segundo y mas grave tijeretazo, se mantenga un atronador silencio por el amplio sector de ONGs e instituciones afectadas. Ninguna ha salido a protestar. Ni asociaciones de personas con discapacidad, ni asociaciones de mayores, ni las ordenes religiosas con una amplia red de servicios sociales… Tan solo algunos profesionales del sector y claro algún portavoz del PSOE, que después de lo que han hecho o dejado de hacer poca autoridad moral tienen al respecto.
De nuevo las perjudicadas de estas agresiones al Estado de Bienestar Social serán cientos de miles de mujeres cuidadoras y cientos de miles de personas dependientes que no están en condiciones de defenderse. Y para que nadie intente justificar lo injustificable, con que se destinara por el Estado a la atención a la dependencia un 3% del fraude fiscal anual en España (estimado en 90.000 millones de euros por el Sindicato de Técnicos de la Agencia Tributaria, que no son precisamente gente de extrema izquierda) se cubrirían razonablemente las necesidades existentes, por no hablar de los efectos que tendría en la creación de nuevos empleos.
La desatención a los dependientes no es una cuestión económica, sino estrictamente de voluntad política.
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